Publicado el 19/06/2025 por Administrador
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Las autoridades venezolanas han interceptado y detenido un buque extranjero que navegaba sin autorización en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país, una acción que ha sido presentada por el gobierno de Nicolás Maduro como un firme acto de defensa de la soberanía nacional. La embarcación fue ubicada a unas 50 millas náuticas del Delta del Orinoco, una zona estratégica por su proximidad a yacimientos submarinos y rutas marítimas de alto valor geopolítico.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó que se trataba de un navío pintado de gris, con apariencia militar pero sin bandera de guerra, lo que levantó de inmediato las alarmas de la Armada venezolana. “No permitiremos que ninguna nave entre a nuestras aguas sin autorización, y menos aún en las bocas del Orinoco, por donde se accede a una de nuestras principales arterias naturales”, sentenció el alto funcionario en un comunicado oficial.
El buque fue identificado como “Guaiquerí N35”, con bandera panameña, y según los reportes iniciales, realizaba presuntas labores de “investigación científica”, una explicación que no convenció a los oficiales a cargo del operativo. La embarcación fue detectada el pasado 28 de mayo y monitoreada durante casi dos semanas por su comportamiento irregular y maniobras de exploración submarina, antes de ser remolcada por las fuerzas navales venezolanas hasta la isla de Margarita.
Una vez en tierra, el navío fue sometido a inspecciones por parte de múltiples instituciones, incluyendo Migración, SENIAT, Antidrogas, INEA, Hidrografía y Salud Pública. La revisión continúa y se ha mantenido un fuerte hermetismo sobre los hallazgos, así como sobre la identidad y nacionalidad de la tripulación. Sin embargo, se conoció extraoficialmente que los ocupantes del barco argumentaron estar en búsqueda de restos de naufragios de la Segunda Guerra Mundial, partiendo desde las Islas Canarias.
El almirante José Rafael Hernández Abchi, al frente del Comando de Defensa Marítima, explicó que el operativo se realizó bajo el marco del Derecho Internacional y de acuerdo con las leyes venezolanas. “El Sistema Defensivo Territorial se activó con eficacia para proteger nuestros espacios jurisdiccionales, garantizando que ninguna actividad extranjera se lleve a cabo sin la debida autorización”, señaló.
Esta acción se enmarca en una política de mayor control sobre las zonas costeras del país, especialmente en un contexto regional en el que los recursos marinos, el tráfico ilegal y la geopolítica energética han adquirido una creciente importancia.
El gobierno venezolano no ha mencionado, hasta el momento, la posibilidad de que el hecho desemboque en tensiones diplomáticas, pero sí ha dejado claro que mantendrá una política de “tolerancia cero” frente a cualquier incursión en sus aguas territoriales sin permiso formal.
El caso ha despertado interés en círculos internacionales por la falta de transparencia sobre los fines reales de la embarcación interceptada, así como por la respuesta enérgica de Venezuela. Aunque el país enfrenta profundas crisis internas, esta operación naval apunta a proyectar una imagen de control territorial y autonomía estratégica en medio de crecientes presiones geopolíticas.
